Quieren quitar beneficios de vivienda pública a víctimas de violencia doméstica que no tienen papeles
Por Maximo Torres Boston.- Bajo los gritos de “la vivienda es un derecho” y “no más discriminación”, unos 200 inmigrantes de diferentes organizaciones llegaron hasta las afueras de la Casa del Estado para protestar y pedir a los legisladores “votar no” a la modificación presupuestaria 575 que privaría de vivienda pública estatal a familias que no tienen un número de Seguro Social, incluso a las víctimas de violencia doméstica.
“Esta es una enmienda anti-inmigrante que no sólo afectaría a las mujeres abusadas sino a los niños ciudadanos estadounidenses y residentes del estado”, dijo Gladys Ortiz, una de las activistas que tiene un programa de ayuda a las víctimas de violencia doméstica. “Lo que estamos haciendo con esta enmienda es darle un arma a los abusadores para que destruyan familias”, anota.
Con carteles en mano contra las enmiendas anti-inmigrantes como “House amendment #575, relative to securing public housing”, los manifestantes expresaron a viva voz su oposición, señalando que se estaría dejando en la calle a inmigrantes que se benefician de una vivienda pública. “Estamos hablando de víctimas de violación y de estrangulamiento”, enfatiza Ortiz.
La enmienda 575 que negaría vivienda pública a los residentes sin papeles fue presentada por el Representante estatal Shauna O’Connell.
De prosperar la propuesta se negaría vivienda pública a víctimas de tortura en proceso de solicitud de asilo, a familias con hijos que son ciudadanos estadounidenses y muchos otros inmigrantes como las víctimas de violencia doméstica. “En algunos casos, estas víctimas necesitan vivienda pública como un medio de escapar de sus agresores, mientras solicitan visas de inmigración”, explica Shannon Erwin de la Coalición MIRA.
“Esta es una de varias enmiendas anti-inmigrantes que afectaría a familias que tienen muy pocas opciones para escapar y terminan quedándose en relaciones abusivas. Los abusadores les dicen a sus víctimas que no pueden escapar porque nadie se preocupa por ellos”, anota Michaela Moshier, Especialista Legal Advocacy de HarborCOV.
“Si una enmienda como esta pasa, estamos diciendo que las amenazas no son ciertas y que no vamos a proteger a las víctimas de violencia doméstica”.
Otros oradores también condenaron la enmienda # 345, que negaría ayuda a las ciudades y pueblos que se han declarado Ciudades Santuario. “El estado no tiene motivo para recortar los fondos a los municipios que están de pie por los derechos humanos básicos”, dijo Laura Wagner, Director Ejecutivo de UU Mass Action.
