Por Redacción El Mundo Boston
Boston – Siguen las presiones por el Trust Act o Acta de la Confianza, una propuesta de ley que pararía las detenciones y deportaciones injustas de inmigrantes indocumentados en Massachusetts. Miembros de Centro Presente y de otras organizaciones pro-inmigrantes llegaron hasta la Casa del Estado para testificar en una audiencia pública.
Francisco, originario de El Salvador, que llegó con su esposa a Boston escapando de la violencia en su país, fue una de las personas que testificó contra el nuevo Programa de Prioridad de Cumplimiento (PEP por sus siglas en inglés), señalando que “en lugar de centrar la atención en los criminales que representan una amenaza para la comunidad sirve como una redada indiscriminada destrozando familias que supuestamente están protegiendo. Este programa al igual que ‘Comunidades Seguras’ atenta contra la comunidad inmigrante”.
Con el dolor de haber perdido a un familiar que fue asesinado por las pandillas en El Salvador, Francisco relató que ICE lo detuvo en su casa hace poco más de un mes para llevarlo a un centro de detención. Con el apoyo de Centro Presente fue dejado en libertad.
[Te podría interesar: Piden a gobernador Baker apoyar a los inmigrantes]
La propuesta de ley ha sido presentada por el Senador estatal Jamie Eldridge y el Representante estatal Evandro Carvalho.
Las organizaciones pro-inmigrantes siguen presionando a los legisladores y ganando el apoyo de alcaldes de diferentes ciudades y de jefes de policía.
La llamada Ley de Confianza o “Trust Act” establece que la policía sólo podrá detener a un sospechoso para su posible deportación en caso de que haya sido acusado de un delito grave o violento.
“Queremos parar las deportaciones y que no se sigan separando familias injustamente”, sostiene Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente.
El “Trust Act” impediría que sean deportados por lo menos siete de cada 10 migrantes detenidos por faltas menores, fortalecería la seguridad pública y daría ejemplo para impulsar la reforma migratoria.
El proyecto de ley establece que los gobiernos locales no podrán someterse a las solicitudes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener inmigrantes que terminan siendo deportados.
