Una conferencia de prensa que ofrecían legisladores estatales republicanos y el Sheriff del Condado de Bristol terminó en un enfrentamiento verbal con activistas pro-inmigrantes
Boston – Incidente en Casa del Estado. Con gritos que repetían “mantengan el odio fuera de nuestro estado”, la directora ejecutiva de Centro Presente, Patricia Montes, se enfrascó en un enfrentamiento verbal con legisladores estatales republicanos y el Sheriff del Condado de Bristol, Thomas Hodgson, cuando ofrecían una conferencia de prensa por un proyecto de ley destinado a permitir que las autoridades locales cooperen con los agentes federales de inmigración.
“Están criminalizando a la comunidad inmigrante”, dijo Montes en clara protesta contra el proyecto de ley que de aprobarse va a permitir a la policía local arrestar inmigrantes por su perfil racial y eso es “una violación de los derechos humanos”.
Montes y otros activistas latinos que tenían programado hablar con legisladores demócratas cambiaron de rumbo y se aparecieron en la conferencia de prensa para protestar por el proyecto de ley cuando la Corte Suprema de Massachusetts había determinado que violar la ley de inmigración “es una infracción de carácter civil y no criminal”.
Los activistas interrumpieron repetidas veces la conferencia con gritos y lemas de apoyo a los inmigrantes, lo que derivó en un enfrentamiento verbal entre Patricia Montes y los legisladores y hasta con el mismo Sheriff del Condado de Bristol.
El Representante republicano de Andover, Jim Lyons, que presentó el proyecto de ley en respuesta a la decisión judicial, pidió a los activistas dejar de interrumpir la conferencia de prensa. “Por favor sean respetuosos”.
“Estamos siendo respetuosos, pero usted no está siendo respetuoso con la comunidad inmigrante”, replicó Montes ante la mirada de los otros legisladores republicanos como Geoff Diehl de Whitman, Marc Lombardo de Billerica, Shaunna O’Connell de Taunton y Joseph McKenna de Webster.
Lyons expresó que el proyecto de ley da autoridad a los oficiales de policía locales para hacer cumplir las leyes federales de inmigración e instó a la Legislatura de Massachusetts a aprobarla con la mayor celeridad.
Montes con el apoyo de varios inmigrantes se mantuvo firme en sus expresiones de protesta pese a que un oficial de la corte que trabaja para la Casa del Estado se le acercó con otros dos oficiales en un intento por intimidarla pidiéndole no interrumpir la conferencia.
“No es una grosería”
La activista Patricia Montes explicó que sin planificación interrumpió con otros activistas una conferencia de líderes republicanos que presentaban un proyecto de ley anti-inmigrante. “Para algunas personas esto podría parecer una grosería, pero no lo es. No se trata de hacer un espectáculo público sino es la obligación moral que tenemos de no permanecer en silencio ante la constante criminalización de los inmigrantes indocumentados”.
“Estos funcionarios deben ser educados sobre cómo las políticas extranjeras impuestas por este país durante décadas en el Sur han perpetuado la pobreza y la exclusión en nuestros países de origen y causar las condiciones que conducen a la migración masiva”, dijo.
“Quieren criminalizarnos”
El proyecto de ley que ha sido presentado por legisladores republicanos 24 horas después que el Tribunal Supremo de Justicia de Massachusetts dictaminó que las autoridades locales no podían hacer cumplir la ley federal de inmigración, tiene como propósito “criminalizar a los inmigrantes indocumentados”, según Montes.
La Administración Baker ha anunciado que actualmente está explorando opciones legislativas que otorgarán autoridad legal formal a la Policía Estatal para cooperar con ICE, pero oficiales electos anti-inmigrantes como el Sheriff del Condado de Bristol, Thomas Hodgson, y legisladores estatales republicanos ya están buscando apoyo a un proyecto de ley que permitiría a la policía local cooperar con los agentes de inmigración.
“Si bien enfocan la atención en un puñado de casos horribles de crímenes violentos cometidos por delincuentes que resultan ser indocumentados, evitan presentar estadísticas y datos sobre las tasas de crímenes cometidos por los indocumentados en comparación con las actuales tendencias del crimen entre la población en general”, señala Montes.
