El Comité TPS Massachusetts, un grupo organizado por beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), miembros de la comunidad, líderes religiosos, líderes sindicales y miembros de la Alianza Nacional TPS, se reunieron en las afueras de la estación de tren Government Center, en Boston, para demandar a la administración Biden una mayor acción para proteger a los cientos de miles de titulares de TPS que están en el limbo.
En 2018 y 2019, la administración Trump canceló el TPS para seis países. Los titulares de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses impugnaron las terminaciones en los tribunales y obtuvieron un indulto temporal.
“Esa protección podría expirar pronto si la administración de Biden no actúa”, dicen activistas.
Cientos de miles de beneficiarios de TPS de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua están ahora bajo la actual protección que expirará el 31 de diciembre de 2022, a menos que la administración de Biden tome medidas. “Estamos ya cansados de las promesas del presidente Biden”, dijo la activista Doris Landaverde en medio de gritos de “Sí, se puede” y de “Justicia” y “un camino a la residencia permanente”.
Muchos de los beneficiarios de TPS han tenido protecciones de inmigración en los Estados Unidos durante los últimos 24 años y han formado familias y se han integrado a las comunidades en Boston y en todo Massachusetts.
La Alianza Nacional TPS pide al presidente Biden que redesigne el TPS para El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua, y amplíe las protecciones humanitarias de TPS a quienes las necesitan, y llegar a una solución justa en el caso Ramos v. Mayorkas.
