Por Julie López
Organizaciones internacionales señalan que Guatemala vive en medio de la corrupción y una creciente ola de violencia. Pero en vez de buscar cómo corregir los problemas que agobian su país, el presidente Pérez Molina los niega, poniendo en tela de juicio sus acciones
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, marca tendencia en algo: la reacción efervescente a la crítica. Las rabietas comenzaron el año pasado cuando el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2013 de Transparencia Internacional colocó a Guatemala entre el 30 por ciento de países percibidos como más corruptos.
Siguió en 2014 (el tercer año de gobierno) con un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, que subraya la corrupción y el precario respeto a los derechos humanos en el país (como abusos contra periodistas y sindicalistas).
Luego, un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU), resaltó la creciente ola de violencia en Guatemala (y el resto del triángulo norte de Centroamérica) por el narcotráfico. Como corolario, el International World Justice Project (IWJP), una organización independiente estadounidense, calificó a Guatemala como el cuarto país peor de la región en Estado de Derecho.
Cualquier persona razonable hace un examen de conciencia, y trata de corregir lo humanamente corregible. No Pérez Molina. El mandatario puso en duda los datos del IPC. Además, dijo que la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala debe limitarse a ayudar al fortalecimiento institucional en el país en los últimos meses de su mandato. Eso, cuando la comisión anunció que investigará el financiamiento de las campañas políticas y la corrupción en las aduanas del país.
Después se quejó del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, porque no reparó en las mejoras a la policía (que aún no produce resultados drásticos sostenidos). Luego, al conocer el informe acerca del efecto del narcotráfico en el istmo, Pérez Molina dijo que “quienes elaboraron el informe podrán ser expertos”, pero no en cuanto a Guatemala.
Así, las reacciones presidenciales dan la apariencia de una Guatemala desdoblada: la de Pérez Molina, y la que describen el IPC, la ONU, el Departamento de Estado de Estados Unidos y el IWJP.
Y las implicaciones no se terminan de divisar. Los malos pasos de un país contaminan al resto de la región. Guatemala es un eslabón en la cadena que lleva droga a Estados Unidos, y retorna dinero sucio y armas a Centroamérica, y en las redes de trata de personas y actividad pandillera en el norte del istmo.
Aún así, Pérez Molina se empeña en colorear la realidad. En octubre pasado, hizo un relato de película acerca de la captura en Guatemala de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 1993, cuando el mandatario era el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar en Guatemala. La entrevista aún circulaba en Youtube cuando Guzmán, jefe del Cartel de Sinaloa, fue recapturado en febrero pasado en México.
Deja estupefacto a cualquiera que el relato del presidente guarda poco en común con la relación de hechos que hizo la investigadora y periodista mexicana Anabel Hernández en su libro “Señores del Narco” (2010).
La autora narra que Guzmán acusó a un militar guatemalteco de robarle $1.5 millones de dólares después de fingir que le ayudaría a escapar, y que la entrega del detenido en la frontera se hizo en una caravana de tres pickups viejos, y no en medio de un gran dispositivo de seguridad como Pérez Molina le aseguró a Univisión.
El presidente también dijo que nadie aceptó dinero. El libro de Hernández recoge las versiones de militares mexicanos que recibieron a Guzmán en la frontera. ¿Qué razón tenían ellos para mentir? Y, ¿por qué el presidente guatemalteco maquilló su versión de los hechos? Quién sabe. Lo que sí se sabe es que su perspectiva distorsionada perjudica al país y la región.
Pero el mandatario no lo entiende. Está demasiado ocupado defendiéndose, y su miopía no le permite ver que defiende lo indefendible.
