Una resolución del Ministerio de la Defensa de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial del país suramericano, establece un nuevo modelo de control militar del orden público que incluye el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”, como último recurso para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.
Las nuevas normas violan las garantías del artículo 68 de la Constitución, el cual señala: “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
El periódico venezolano El Nacional señala en su reporte que la resolución fue suscrita por el general en jefe Vladimir Padrino López. La misma no es una ley -tal como exige la Constitución- y, además, no distingue entre demostraciones pacíficas y violentas, haciendo sólo referencia a la violencia mortal, definiéndola como “creación de una situación de riesgo mortal”.
El Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, prevé: “…dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno”, estatuto que es desconocido en la nueva resolución, así como otros estándares internacionales.
La nueva medida indica que en los próximos tres meses “se girarán instrucciones para la elaboración del ‘Manual de Normas y Procedimientos Operativos del Servicio de Seguridad en Materia de Orden Público de Uso Común para las y los Integrantes de la Fuerza Armada nacional Bolivariana”, lo que viene a regir la capacitación de los efectivos castrenses para garantizar que no cometan excesos.
No obstante, la resolución establece que la autorización para que los militares puedan usar armas mortales en las manifestaciones entra en vigencia de forma inmediata.
