Estados Unidos deportó a 332 mil 614 mexicanos durante 2013, a través de nueve puntos ubicados en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila y Sonora.
De acuerdo con Inmigración, estas personas fueron deportadas de forma segura, humana y ordenada, pues en colaboración con autoridades y organizaciones civiles se les brindó atención, asistencia legal, alojamiento, alimentación, auxilio médico y apoyo de transporte para garantizar su retorno.
Entre los repatriados 16 mil 853 eran menores de edad, de los cuales dos mil 834 se encontraban con algún familiar o tutor, mientras que los restantes 14 mil 19 fueron recibidos por el INM en calidad de no acompañados.
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Las marchas continúan para sensibilizar a los congresistas hacia una reforma con camino a la ciudadanía. Los activistas dicen que toda la comunidad debe participar para conseguir lo que desea asistiendo a las marchas y contactando a sus legisladores para que se apruebe una ley que acabe con las deportaciones. El sindicalista Eliseo Medina anunció otro ayuno y jornadas de protesta para el 27 de enero en Washington y Ohio. En Los Ángeles la marcha masiva será el 22 de febrero.
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El congresista Luis Gutiérrez manifestó estar dispuesto a ceder y considerar un plan sin camino a la ciudadanía. El punto por el cual la reforma no ha avanzado es la ciudadanía. “Para mí la ciudadanía es importante, siempre lo ha sido, pero creo que puede haber ciudadanía para millones, legalización para todos y un paro a las deportaciones. Hay que negociar y encontrar una manera de parar la injusticia y el sufrimiento de nuestra comunidad.
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Miembros de la Cámara de Representantes valoran una eventual ley alternativa que legalizaría a un número de indocumentados en Estados Unidos, inferior que los previstos por una legislación del Senado del 2013. La esperanza en el proyecto proviene de la parálisis en la cual se encuentra la prometida y aún sin avanzar reforma integral de inmigración, debido a los profundos desacuerdos entre demócratas y republicanos. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes aboga por tratar el tema migratorio de manera fragmentada y se opone a medidas que ofrezcan una “amnistía” para quienes ingresaron ilegalmente al país.
La ley actual permite que aquellos extranjeros que reúnan los requisitos puedan solicitar la ciudadanía después de cinco años como residentes permanentes.
