José Palma, coordinador nacional de la Alianza Nacional TPS, una coalición de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal de varias naciones, consideró que la extensión por un año más para unos 200 mil salvadoreños “es un alivio, muchos nos sentimos bien, pero no solo lo queremos para El Salvador sino para los beneficiarios de otros países que también están viviendo una época de terror por el vencimiento de sus permisos de trabajo y las anunciadas deportaciones”.
“La lucha va a continuar hasta lograr una residencia permanente para todos los beneficiarios del TPS, sin excepción”, subraya Palma que es de origen salvadoreño.
“Necesitamos hallar una solución permanente. Esta protección temporal es grandiosa, pero también entendemos que esta nueva extensión de un año se irá rápidamente”, apunta el activista.
Muchos beneficiarios salvadoreños como Luz Elena Martínez que está amparada por el TPS, señala que la extensión “es un alivio, me siento bien por la noticia, pero quiero una residencia permanente”.
Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente, “aplaude esta importante decisión, pero al mismo tiempo reafirma que seguirá luchando de la mano de la comunidad y organizaciones hermanas, por una solución permanente para las personas amparadas por el TPS”, enfatizando que seguirá luchando también por “el respeto a los derechos humanos de los/as miles de centroamericanos/as que siguen huyendo de la extrema violencia, pobreza, corrupción e impunidad que sigue imperando en Centro América”.
El Departamento de Seguridad Nacional había señalado en un comunicado que extenderá hasta el 4 de enero de 2021 la validez de los permisos de trabajo actual-mente en manos de salvadoreños con TPS, admitiendo que hay preocupación ante la posibilidad de que “el ingreso súbito de 250.000 personas a El Salvador pueda generar otra migración masiva hacia Estados Unidos y agravar la crisis en la frontera sur”.
La Casa Blanca ha presionado a México y a los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) para que dificulten el tránsito de personas hacia la frontera sur estadounidense.
El Salvador firmó en septiembre un acuerdo con Washington para limitar el tránsito de migrantes y aceptar solicitudes de asilo de personas que desearan llegar a Estados Unidos.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele indicó que la extensión beneficiará directamente no sólo a los 200.000 salvadoreños cubiertos por el TPS, sino también a unos 200.000 descendientes suyos que son ciudadanos estado-unidenses y enfrentaban la posibilidad de que sus padres fueran deportados, y a cientos de miles más en El Salvador que dependen del dinero que les envían.
Pero el gobierno de Trump ha sido enfático al señalar que la meta del año de gracia es facilitar el regreso de los salvadoreños a su país.
