Inmigrantes cometen fraude notarial involuntario

Al desconocer las funciones de un notario público y un abogado, muchos inmigrantes desesperados entregan sus casos a personas no autorizadas por la ley para representarlos ante la Corte de Inmigración. Una propuesta para proteger a quienes han incurrido en fraude -sin darse cuenta- ha sido sometida a la Cámara de Representantes. Es bueno aclarar que los notarios públicos del sistema jurídico de los Estados Unidos son ministros que gozan de fe pública “limitada” al indicar únicamente la veracidad de las firmas estampadas en los documentos. El Notario no puede ir más allá y no tiene deber de asesorar ni responsabilidad sobre el contenido del documento. En este sistema, el notariado es un oficio privado pero sujeto a los requisitos y límites que le impone el Estado. Para ser notario en los Estados Unidos no es necesario ser abogado, ni siquiera profesional. Lo único que se necesita es realizar un curso y, en algunos lugares, pagar una licencia y contar con un  seguro. En este país hay 4 millones y medio de notarios, autorizados a certificar o atestiguar la firma de documentos, administrar juramentos; actuar como testigos imparciales respecto a la firma de documentos, y realizar ciertos otros actos jurídicos, dependiendo del ordenamiento jurídico del estado. En los Estado Unidos a  excepción del estado de  Luisiana, que tiene un notariado latino, un notario público tiene poder jurisdiccional muy limitado, comparado con  el papel que tiene el notario latino, en el resto del mundo. Es necesario asesorarse adecuadamente cuando se trata de un caso ante una corte de inmigración.