Activistas reaccionan. El fallo del juez federal Andrew S. Hanen de Texas que dejó en suspenso temporal la acción ejecutiva anunciada por el presidente Barack Obama en noviembre pasado, mereció el más rotundo rechazo de activistas de diferentes organizaciones pro-inmigrantes de Boston, mientras la Casa Blanca decidió apelar el fallo ante el quinto Tribunal de Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans.
“Centro Presente condena esta medida que representa un claro retroceso para la transformación de nuestro sistema de leyes de inmigración”, enfatiza Patricia Montes, directora ejecutiva de esa organización pro-inmigrante que anuncia reuniones informativas de emergencia.
La acción ejecutiva de Obama busca evitar la deportación de unos cinco millones de inmigrantes indocumentados que entraron al país ilegalmente.
Pero la decisión del juez federal en Texas, Andrew S. Hanen, bloquea temporalmente la medida presidencial con la posibilidad –según dice– de declararla inconstitucional fallando a favor de los 26 estados que han demandado al gobierno de manera conjunta, entre los que no figura Massachusetts.
La Casa Blanca ya reaccionó ante el fallo del juez de Texas lo que, según activistas, es el inicio de una batalla legal de “tira y afloja” que se ha mantenido durante los últimos meses con la oposición de los republicanos que sostienen que la acción ejecutiva del mandatario es inconstitucional.
El fallo contra las medidas de Obama se produce cuando el Departamento de Inmigración iba a comenzar a procesar las solicitudes de inmigrantes indocumentados beneficiados por DACA, que podían evitar ser deportados al menos durante tres años y que iban a recibir permisos de trabajo.
La decisión del juez federal también afecta a un programa que debe entrar en funcionamiento en mayo, DAPA, para padres indocumentados con hijos que sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
El juez de Texas que ha dictado la suspensión no es casual, ya que ha sido el estado fronterizo que ha liderado la oposición a la acción ejecutiva del presidente Obama.
Además, el juez Hanen, quien fue nombrado en su puesto en 2002 por el presidente George W. Bush, ha atacado públicamente la acción ejecutiva de Obama, asegurando “que pone en peligro a Estados Unidos”.
Algo más
Además de Texas, los estados demandantes son Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Utah, Virginia del Oeste y Wisconsin. Los estados que se oponen a la acción ejecutiva no solicitan una indemnización, sino que quieren que los tribunales bloqueen la acción ejecutiva y señalan que el mandatario se extralimitó en sus poderes.
Andrew S. Hanen acusó el año pasado al gobierno de participar en conspiraciones criminales para llevar al país niños de contrabando al reunirlos con los padres que vivían en Estados Unidos de manera ilegal.
