En las últimas semanas se han registrado varias detenciones por parte de agentes de inmigración de personas con y sin antecedentes criminales
Por Maximo Torres
Boston.- Organizaciones pro-inmigrantes de diferentes países han salido a pedir al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) “paren las detenciones y deportaciones” en lo que consideran una nueva arremetida contra la comunidad inmigrante indocumentada. “En la última semana hemos recibido la denuncia de unas seis familias, entre ellas la de un joven de 17 años de Chelsea que ha sido detenido y ya está en proceso de deportación”, dijo Lucy Pineda, directora ejecutiva de Latinos Unidos de Massachusetts (LUMA).
Kevin Ferreira, director de organización de MIRA Coalition, fue tajante al afirmar “exigimos una moratoria a las deportaciones de jóvenes inocentes, de padres y personas que no suponen ningún riesgo para la seguridad del país. Se sigue haciendo daño a nuestras comunidades y a la economía”.
La reverenda Myrlande DesRosian, directora de Everett Haitian Community Center, expresó también su preocupación por las redadas de inmigración, señalando que el argumento es que sus acciones están dirigidas contra personas indeseables, pero al final son muchos los inmigrantes sin antecedentes que resultan perjudicados.
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El abogado Julio Henríquez que trabaja muy de cerca con las organizaciones comunitarias señaló que “deberíamos estar celebrando el inicio de DACA y DAPA que favorecería a miles de inmigrantes indocumentados y lo que estamos hablando es de deportaciones y de acciones de inmigración contra la comunidad inmigrante”.
Las prioridades de ICE
Henríquez explicó, sin embargo, que inmigración tiene tres objetivos específicos. “No van a las comunidades donde hay muchos inmigrantes y se llevan a todo el que se les atraviese. Eso no debería ser así y lo que dice ICE es que su primera prioridad es arrestar a los que representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública”.
“Si alguien está involucrado con pandillas o con organizaciones terroristas, o tiene una sentencia por un delito que puede representar una amenaza para la sociedad lo van a deportar”.
El abogado de la comunidad inmigrante especificó que “ICE debería estar tras ese grupo específicamente, no tras familias o personas que tienen tiempo viviendo acá y no representan ninguna amenaza”.
Henríquez explicó que la segunda prioridad de deportación son las personas que tienen un delito criminal o tienen sentencias o delitos menores como violencia sexual, drogas o manejar bajo la influencia del alcohol. La tercera prioridad de deportación son las personas que han cruzado la frontera posterior al primero de enero del 2014 o tienen una orden de deportación de ese mismo año.
“Es importante que las personas sepan que si pertenecen a estos tres grupos y representan una amenaza para la sociedad van a ser deportados”, enfatizó.
Acciones por DACA Y DAPA
“Hay muchas comunidades desde Florida hasta California que estamos haciendo acciones para la implementación de DACA y DAPA, tenemos la esperanza de que pronto se va a dar” dijo Ferreira de MIRA Coalition.
Lucy Pineda de LUMA señaló que desde el anuncio del presidente Obama en noviembre pasado de la Acción Ejecutiva “no estamos viendo nada positivo”. La medida presidencial que debió empezar el 19 de mayo continúa suspendida.
“Se sigue separando familias y este no es el sueño americano, lo que queremos es que las familias estén unidas y tengan el derecho de poder trabajar, estudiar y de traer a sus familiares”, concluyó.
Otro Ángulo…
“Pandilleros en primera línea de deportación”
A inmigración sólo le basta una sospecha de que una persona está involucrada en una pandilla para colocarlo como primera prioridad de deportación.
El abogado Julio Henríquez no quiere hablar en específico del caso del hijo de Ulises “El Cornelio Reina” Orellana detenido por inmigración para ser deportado, señalando que en el caso de pandilleros “es muy difícil encontrar una fórmula para sacar a una persona de la deportación porque no hay un procedimiento justo en esa área”.
“Si es considerado por inmigración como prioridad uno, independientemente de la edad, va a ser deportado”, subraya Henríquez en alusión al caso de Christopher Orellana, joven de 17 años, quien fue detenido por agentes de inmigración en su apartamento de Chelsea en presencia de su padre y de sus dos menores hermanos de 14 y 4 años de edad, implicado en un caso de pandilla. “Hay personas que no tienen ninguna relación con una pandilla y terminan siendo deportadas erróneamente”, anota.
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Henríquez explica que el departamento de inmigración ha dicho que los pandilleros son la principal amenaza a la seguridad pese a que no hay mecanismos para saber quien es o no pandillero y eso lo hace vulnerable en nuestras comunidades.
