CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Erika Lorena Aifán Dávila está acostumbrada a ser blanco de ataques desde que asumió hace más de una década como jueza en Guatemala, pero en los últimos meses el tono se incrementó y un día recibió un mensaje de texto a su celular: debería estar muerta.
Eso, sin embargo, no amedrenta a una de las personas que para algunos se ha vuelto en el rostro actual de la lucha contra la corrupción en Guatemala.
Hay un “interés de obstruir mi trabajo, de atacar mi independencia judicial”, dijo la jueza a The Associated Press.
Después de que el gobierno puso fin este año a las operaciones de una comisión de las Naciones Unidas que por más de una década desenmascaró diversas redes de irregularidades y sobornos desde oficinas públicas y privadas, la lucha contra la corrupción en Guatemala quedó en manos de fiscales y jueces guatemaltecos. Aifán es una de esas jueces y quizá de las más visibles.
De 44 años, Aifán tiene un tono de voz muy bajo, es tímida y de pocas palabras. Pero sus fallos han sido contundentes, algo que para ella y otros más son razón suficiente para que la ataquen y amenacen. Organizaciones nacionales e internacionales han expresado su preocupación, e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hace unas semanas establecer medidas para su protección, algo que si bien en la cotidianidad ya ocurre, el organismo considera insuficiente.
Desde 2006, de hecho, la jueza nunca está sola. A donde sea que vaya, siempre la acompaña un pequeño grupo de guardias de seguridad, algunos armados con fusiles AK-47. En los últimos meses, el Poder Judicial también le dio un vehículo blindado.
“La jueza Erika Aifán es uno de los principales rostros de la lucha contra la corrupción”, dijo a la AP Adriana Beltrán, directora para Seguridad Ciudadana de la organización Oficina de Washington para América Latina, (WOLA, por sus siglas en inglés). “Ella ha tenido en los últimos años, los casos de más alto nivel”.
La CIDH señaló que si bien la jueza recibe protección del organismo judicial, las presiones contra ella tienen “su origen precisamente en determinadas personas pertenecientes a instituciones estatales, sin que pueda apreciarse en este respecto la implementación de medidas más concretas para disminuir el clima de hostilidad contra la propuesta beneficiaria, tales como reafirmar públicamente la legitimidad de sus labores y exigir en todo momento respeto a su integridad”.
Hasta antes de que en septiembre dejara de operar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), varias de las investigaciones del organismo fueron analizados por la jueza Aifán y, tras resolverlos, empresarios, políticos y particulares terminaron en prisión.
